‘Jueza china estaba ética y jurídicamente impedida’: Miguel Ceballos

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El exviceministro de Justicia dice que el canal de Nicaragua crea un hecho sobreviniente.

Insisten en trivializar la denuncia que usted ha hecho en compañía de la excanciller (Noemí) Sanín sobre el canal de Nicaragua…

El estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 61, dice que la revisión de un fallo se fundará “en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza, que pueda ser factor decisivo”, cuando ese hecho fuera “desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión”.

Pero lo del canal no era desconocido. Hace años se conocía tal aspiración de Nicaragua…
Es cierto. Pero también resulta ingenuo no tener en cuenta un argumento tan importante por el hecho de que el canal sí era un viejo anhelo de Nicaragua.

¿Entonces, qué es lo nuevo?

En agosto del año pasado, dos meses antes del fallo, cuando ya Colombia no tenía ninguna oportunidad procesal para contraargumentar, el agente y abogado de Nicaragua ante la Corte, Carlos Argüello, dijo ante los medios nicaragüenses que el propósito de Colombia en el litigio ante La Haya era arrebatarle a Nicaragua el canal. Quien vincula el tema del canal al litigio no somos ni siquiera nosotros. Es nadie menos que el propio agente y abogado de Nicaragua ante la Corte.
¿Por qué no hizo esa acusación contra Colombia en su oportunidad procesal? Eso para nosotros es el hecho nuevo fundamental.

¿Y en qué hubiera cambiado eso el fallo de la Corte?

La Corte habría quedado en libertad de resolver sobre posibles impedimentos, incluyendo el de la juez china.

¿Cómo es que ese argumento nos permite pedir la revisión del fallo?

Claramente es una de las justificaciones para la revisión. Para poder preguntar procesalmente al señor Argüello y a Nicaragua por qué nunca informaron que se consideraba que el litigio planteado desde el punto de vista de Colombia no era por una razón de límites históricos, sino para arrebatarle el canal a Nicaragua.

¿Nicaragua también debió informar que la negociación para la construcción del canal ya estaba en marcha?

Es cierto que el señor Argüello dijo en muchas audiencias del litigio que Nicaragua tenía el anhelo de construir un canal interoceánico. Pero una cosa es un anhelo. Lo que no mencionó es que en su país ya había negociaciones muy avanzadas con una firma china vinculada estrechamente al gobierno chino, para que los jueces tuvieran una percepción completa de las implicaciones que generaría este fallo en aguas que estaban, y aún siguen, en discusión.

¿En esas circunstancias, se habría tenido que declarar impedida la juez china?

Los antecedentes laborales de la juez son muy relevantes para el caso. Antes de llegar a la Corte, había sido embajadora de la China ante La Haya, entre el 2003 y el 2008. Ese es un hecho supremamente importante y lo han querido trivializar, como si lo grave fuera que ella se conociera desde antes con el señor Argüello, quien es el decano de los embajadores de La Haya, ya que lleva 30 años como embajador de Nicaragua. Es porque, como embajadora, ella había defendido los intereses políticos y económicos de su país.

¿Qué tanto eso la inhabilitaba como juez?

Terminado su período como embajadora, el gobierno chino la nombra su representante ante una organización internacional que se llama Asean FTA, el acuerdo de libre comercio más importante que se ha firmado en los últimos años, porque incluye a los ‘tigres’ del sudeste asiático. Alguien que conoce tanto el comercio internacional, que fue embajadora de su país ante La Haya y ante el tratado de libre comercio del Asia, también era la consejera legal del Ministro de Relaciones Exteriores de China en ese mismo período. Inmediatamente termina su cargo ante el Asean FTA, es nombrada juez en La Haya.

¿Y por qué son tan relevantes esos antecedentes?

La juez tiene más antecedentes políticos y diplomáticos que como jurista. Además, hay una empresa china metida en lo del canal, y todas las firmas chinas tienen una relación estrecha con su gobierno. El artículo 17 del estatuto de la Corte dice que sus miembros “no podrán participar en ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o en cualquiera otra calidad”, pero que, en caso de duda, de todas maneras “la Corte lo resolverá”. Aquí no pudo resolver el posible impedimento, porque jamás se planteó. Ella debió, no solo jurídica sino éticamente, manifestar que su país tenía intereses en Nicaragua, que ella había conocido no solo en su calidad de juez sino de exdiplomática. Resulta además relevante mencionar que la embajada de China en Colombia ha tratado de explicar el fallo de la juez, con lo cual no hace sino demostrar su falta de autonomía frente a su gobierno.

¿Qué tiene que ver la empresa china que construirá el canal de Nicaragua con el gobierno chino?

Para entenderlo recomiendo ver la página web de la firma que crearon para construir el canal, para la cual fue aprobada la concesión por 50 años: www.hknd-group.com. Se lo resumo: el presidente y fundador de la firma es el señor Wang Jing. Él es a su vez el presidente de un conglomerado de comunicaciones que se llama Xinwei Telecom, que en su 45 por ciento es propiedad del Estado chino, a través de su ministerio de Industria e Información. ¿Al presidir una firma en la que está el Estado chino como socio, actúa o no en nombre del gobierno chino? ¿Si no, en qué calidad lo hace? Es relevante mencionar que toda la prensa independiente de Nicaragua, hace meses, viene denunciando una relación de negocios entre Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, con el señor Wang Jing. De hecho, Xinwei Telecom acaba de ganar una licitación enorme para manejar la telefonía celular en ese país y quien fue promotor de ese negocio, que cuesta 2 billones de dólares, es precisamente Ortega hijo.

¡Qué corrupción! ¿Y Nicaragua sí necesitaba el fallo de La Haya para hacer su canal?

Muchos críticos del argumento dicen que no. Nuestra respuesta es: si lo hubieran podido hacer sin el fallo, pues lo habrían hecho sin el fallo. Cuando usted revisa las fechas de la cronología constata que esperaron hasta después del 4 de mayo, cuando Colombia tuvo su última actuación procesal, para desarrollar la estrategia de la construcción del canal, con la aprobación de la Ley 800 del 2012, que crea la autoridad del gran canal. Y en agosto, el señor Argüello, dos meses antes del fallo, aparentando estar muy seguro del resultado, anuncia que Colombia le quiere arrebatar el canal.

O sea que el fallo sí es definitivo para el canal…

Para Nicaragua, el canal es mucho más provechoso económicamente con el fallo que sin el fallo. Con él, ya puede tomar decisiones sobre una zona económica exclusiva que antes no tenía.

Y que además Nicaragua quiere ampliar con la plataforma continental…

Llevándose no solo nuestro mar, sino las islas y el archipiélago. ¡Todo esto es muy serio!

También ha sido objeto de trivialización que el voto de la juez china fue apenas uno de 15…

Como había intereses muy grandes de empresas chinas, debió de poner en consideración de sus compañeros su posible impedimento. Se lo habrían aceptado o no, pero la percepción de los 14 jueces restantes habría sido distinta si se hubiera discutido.

¿Cómo habría cambiado eso la percepción de los demás jueces?

Se habría tenido que discutir el efecto económico, ambiental y político que implicaría la construcción de un canal que ya estaba en marcha. Hay convenios que ha firmado Colombia con los países vecinos para proteger el medio ambiente, la pesca, las fronteras marítimas. Esos convenios no fueron tenidos en cuenta por el fallo.

¿Es decir, que la defensa de Colombia también habría podido ser distinta?

¡Claro! Porque la estrategia de defensa que tuvo Colombia solamente fue basada en argumentos de definición de límites marítimos. Por ejemplo, habría podido defenderse con argumentos de respeto a los tratados relacionados con el medio ambiente, de defensa de la integridad del arrecife coralino Sea Flower, protegido mundialmente, o a los tratados de pesca y a los de límites con terceros países.

En conclusión: Colombia hizo una defensa débil de sus aguas…

Colombia no tuvo todos los elementos de juicio necesarios para haber planteado la defensa desde otro punto de vista. El ecológico es muy pesado, porque el Sea Flower quedará destrozado por los barcos que atravesarían el canal, que botan azufre, porque son tanqueros.
Además, porque nadie sabía que Nicaragua –según Argüello– pensaba que el litigio era un instrumento de Colombia para quitarle el canal, y ese hecho es tan relevante que había debido de ponerse en conocimiento de los jueces. Tampoco se tramitó el posible conflicto de intereses representado en la firma de un contrato por 40 billones de dólares con la participación de la China.

Pero el excanciller sandinista de Nicaragua Sergio Ramírez sostuvo ayer en EL TIEMPO que canal no va a haber…

El excanciller se la pasa criticando al presidente Ortega y al sandinismo actual, porque hacen anuncios que no cumplen.
En este caso no hay solo anuncios, sino dos leyes del propio Congreso nicaragüense, para construir y dar en concesión el canal, a través de contrato por 40 billones de dólares, algo inocultable frente al mundo.

No veo tampoco, como se ha dicho, que sea un irrespeto hacia la Corte de La Haya decir que simplemente sus jueces no tenían todas las cartas sobre la mesa…

En ningún momento estamos cuestionando el profesionalismo, la idoneidad, o las calidades morales de los jueces de la Corte. Lo que estamos diciendo es que, como en cualquier otro proceso judicial, hay reglas de impedimentos e incompatibilidades que deben respetarse.

¿Cuándo sale el libro?

En menos de dos meses. Podrá ser descargado gratuitamente por Internet. Pero si alguien quiere aportar por el libro, cualquier fondo que se recaude va dirigido a los pescadores raizales de San Andrés.

¿Sabe si el gobierno colombiano va a tomar en cuenta estos argumentos para la solicitud de revisión del fallo?

No lo sabemos. Nosotros siempre informamos al Gobierno Nacional de nuestra investigación, desde noviembre del año pasado. Entendemos que el Gobierno, dentro de la prudencia de la diplomacia internacional, tomará la decisión que mejor convenga a Colombia. Nosotros solo cumplimos un deber como ciudadanos.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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